(untitled) (Opus Magna Constitucional, 2020)
La protección que en Guatemala se efectúa del derecho a la propiedad privada está articulada en dos niveles, uno es el nivel constitucional y el segundo el que se efectúa por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no obstante en ambos se le reconoce el estatus de fundamental, debido a que se le clasifica como un derecho condicionable o no absoluto, puede verse sometido a restricciones, estando dentro de ellas las medidas cautelares reales que se decretan en sede de extinción de dominio. Debido a que el artículo 22 de la ley de la materia no fija un plazo máximo de duración, se produce una colisión entre los derechos individuales de un particular (uso y libre disposición de los bienes) y el interés social, fundamento último de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y des cooptación del Estado; por lo que para dirimir tal conflicto se hace necesario acudir en cada caso particular, a los criterios de proporcionalidad para establecer un balance entre lo que se pretende obtener y el derecho que se pretende restringir a fin de evitar una intervención estatal innecesaria o excesiva.