(untitled) (Opus Magna Constitucional, 2020)
Existe una tensión constante entre varios sectores en torno al reconocimiento del acceso a la educación integral en sexualidad como un derecho humano autónomo para los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo nacional. Los argumentos más utilizados por la oposición devienen de planteamientos relativos a la potestad de los padres de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos menores de edad. El tema ha llegado al conocimiento de la Corte de Constitucionalidad que ha tenido que ponderar entre la prerrogativa de los padres y la educación de los niños, niñas y adolescentes, desarrollando los límites y los contenidos esenciales de los derechos que asisten a cada grupo en el marco de una sociedad democrática.