(untitled) (Opus Magna Constitucional, 2024)
El derecho penal históricamente ha sido la herramienta coercitiva más potente de una organización jurídico-social, pues funge como disuasor de conductas asociales y busca implantar, entre otros, estándares mínimos de convivencia social; sin embargo, al erigirse como la forma de “control” social más fuerte, también ha sido la que más problemas ha creado, en vez de resuelto, pues, en contraposición a éste se posicionan los valores más preciados de quienes cometen un acto antijurídico, sus libertades. Es por ello, que las corrientes modernas ponen énfasis en la balanza tan delicada y volátil, que surge entre los fines propios del derecho penal (preventivo, sancionador, protector) y los del sistema jurídico que le presupone (libertades), apareciendo con gran importancia y bajo una función de contrapeso los principios de legalidad y general de libertad, que controlan el desarrollo y aplicación del derecho penal, y que toman especial relevancia al racionalizar su creación y su uso. Esta investigación muestra lo ya evidente, mientras más derecho penal haya, menos libertades quedarán, y hace hincapié en una reflexión básica: los bienes jurídicos deben ser protegidos por el derecho penal y del derecho penal.