Criterios de proporcionalidad para resolver la falta de temporalidad de las medidas de aseguramiento de bienes reguladas en la Ley de Extinción de Dominio (Opus Magna Constitucional, 2020)
La protección que en Guatemala se efectúa del derecho a la propiedad privada está articulada en dos niveles, uno es el nivel constitucional y el segundo el que se efectúa por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no obstante en ambos se le reconoce el estatus de fundamental, debido a que se le clasifica como un derecho condicionable o no absoluto, puede verse sometido a restricciones, estando dentro de ellas las medidas cautelares reales que se decretan en sede de extinción de dominio. Debido a que el artículo 22 de la ley de la materia no fija un plazo máximo de duración, se produce una colisión entre los derechos  individuales de un particular  (uso y libre disposición de los bienes) y el interés social, fundamento último de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y des cooptación del Estado; por lo que para dirimir tal conflicto se hace necesario acudir en cada caso particular, a los criterios de proporcionalidad para establecer un balance entre lo que se pretende obtener y el derecho que se pretende restringir a fin de evitar una intervención estatal innecesaria o excesiva.