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The struggle of the Republic of El Salvador against drug trafficking: A focus on democratic security
and shared responsibility
Autor: Daniel López Fuentes
Revista Académica Seguridad y Estrategia Año 2024 . Volumen 1. Número 4. ISSN: 2790-1475
Seguridad y Estrategia
Microsoft copilot. (2024)
Revista Académica Seguridad y Estrategia Año 2024 . Volumen 1. Número 4. ISSN: 2790-1475 Seguridad y Estrategia 63
Magíster
Daniel López Fuentes
Recibido: 30-05-2024
Fecha de aceptación de originales: 02-10-2024
Publicado: 13-12-2024
Resumen
Este artículo analiza la lucha de El Salvador, contra el narcotráfico desde el enfoque de la seguridad democrática y el principio de responsabilidad compartida y diferenciada. Explora los desafíos del crimen organizado transnacional, la cooperación entre el gobierno salvadoreño y aliados internacionales, especialmente Estados Unidos, y el impacto de las redes criminales en la estabilidad sociopolítica del país. Mediante investigación documental, el estudio destaca la capacidad de las instituciones de seguridad salvadoreñas, incluyendo a la fuerza naval, en operaciones de interdicción y esfuerzos de colaboración internacional. Los hallazgos subrayan el papel de la seguridad democrática en mejorar la seguridad pública y el control territorial, resaltando la necesidad de un enfoque regional para enfrentar el tráfico de drogas transnacional.
Palabras Clave
Seguridad democrática
Narcotráfico transnacional
Resposabilidad compartida
El Salvador
Cooperación regional
Abstract
This article examines El Salvador’s fight against drug trafficking through the lens of Democratic Security and the principle of shared and differentiated responsibility. It explores the challenges posed by transnational organized crime, the cooperation between the Salvadoran government and international allies—especially the United States—and the influence of criminal networks on the nation’s socio-political stability. Using documentary research, this study highlights the capacity of El Salvador’s security institutions, including the Navy, in drug interdiction operations and international collaboration efforts. The findings underscore the role of Democratic Security in enhancing public safety and territorial control while emphasizing the importance of a regional approach to counter the transnational drug trade.
Key Words
Democratic security
Transnational drug trafficking
Shared responsibility
El Salvador
Regional cooperation
ARTÍCULO 05
Introducción
El narcotráfico es uno de los principales desafíos para la seguridad y estabilidad en Centroamérica. En países como El Salvador, esta actividad ilícita no solo promueve la violencia y la criminalidad, sino también afecta el desarrollo social y económico, generando vulnerabilidades en las instituciones públicas y en la cohesión social. Desde la década de 1980, la presión ejercida por Estados Unidos sobre los carteles de droga en Colombia y México desplazó las rutas de tráfico hacia Centroamérica, exacerbando los desafíos de seguridad en la región.
Ante este contexto, el gobierno salvadoreño ha adoptado políticas de seguridad centradas en el enfoque de seguridad democrática, un modelo que busca no solo combatir el crimen, sino también proteger los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho. La estrategia de El Salvador enfatiza la responsabilidad compartida y diferenciada entre los países involucrados, entendiendo que el narcotráfico, es un problema transnacional que requiere la colaboración activa de Estados Unidos y otros aliados regionales. La cooperación internacional, especialmente con agencias como la DEA y las fuerzas militares estadounidenses, ha sido fundamental para las operaciones de interdicción en el territorio salvadoreño, donde instituciones como la fuerza naval y la Policía Nacional Civil enfrentan el reto de desmantelar redes criminales de alta sofisticación.
Este estudio, a través de una metodología documental, analiza la capacidad del Estado salvadoreño para combatir el narcotráfico y el impacto de sus políticas de seguridad democrática, resaltando los éxitos y desafíos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Se presentan además los avances logrados en el control territorial y en la disuasión de actores criminales, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y las instituciones nacionales para abordar eficazmente esta problemática.
Desarrollo del estudio
Metodología
Este artículo se ha desarrollado mediante una metodología de investigación documental, elegida por su capacidad para proporcionar un análisis exhaustivo de fuentes secundarias relevantes, como informes de agencias internacionales, artículos académicos, documentos gubernamentales y estudios previos sobre narcotráfico y seguridad en Centroamérica. La investigación documental permite analizar de manera sistemática y rigurosa el contexto histórico, político y social de El Salvador en su lucha contra el narcotráfico, facilitando la recopilación de datos y evidencias que ilustran patrones de colaboración y desafíos específicos del Estado salvadoreño.
Además, esta metodología resulta especialmente útil para examinar el impacto de políticas de seguridad y cooperación internacional, al permitir la comparación de datos y la identificación de tendencias regionales. Así, proporciona una base sólida para evaluar el papel de la seguridad democrática y la "responsabilidad compartida" en el combate al narcotráfico, generando una visión amplia y fundamentada sobre la problemática.
Resultados obtenidos
Marco conceptual
Seguridad democrática
La seguridad democrática es de vital importancia para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad, ya que trata de garantizar la protección y el bienestar de todos los ciudadanos, así como preservar el orden y el Estado de Derecho. En ese sentido en una sociedad democrática, la seguridad debe ser una preocupación primordial, ya que solo cuando las personas se sienten seguras pueden ejercer plenamente sus derechos y participar de manera activa en la vida política y social (Sistema para la Integración Centroamericana (SICA), 1995).
La lucha de la República de El Salvador contra el narcotráfico: Enfoque de seguridad democrática y responsabilidad compartida.
Agregado a eso la seguridad democrática es fundamental para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico de un país. Sin seguridad, no puede haber progreso ni estabilidad, por lo que es imprescindible contar con políticas y estrategias efectivas para prevenir, combatir la delincuencia, crimen organizado, cualquier amenaza a la paz y la tranquilidad ciudadana.
Bajo ese orden de ideas se puede afirmar que la seguridad democrática es un concepto que se ha utilizado en América Latina, donde dependiendo el contexto se ve con un enfoque integral para abordar los desafíos de seguridad en un marco democrático. Por esa razón, el marco teórico de la seguridad democrática se basa en varios principios fundamentales, tales como el Estado de Derecho, que implica que todas las acciones de seguridad deben llevarse a cabo dentro de los límites legales y respetando los derechos humanos.
Respetar los derechos humanos garantiza la seguridad ciudadana sin comprometer sus derechos fundamentales. Esto implica que las estrategias de seguridad deben ser proporcionales, no discriminatorias y respetuosas de la dignidad humana. Así mismo deben poseer un enfoque integral, en el sentido que no se limita a medidas represivas, sino que también incluye políticas de prevención, rehabilitación y reconciliación. Se busca abordar las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, desigualdad, falta de acceso a la educación y empleo. Por último, la cooperación internacional, comprende que los desafíos de seguridad son cada vez más transnacionales, por lo que se requiere una cooperación efectiva entre países para abordarlos de manera integral. Esto incluye la cooperación en áreas como el intercambio de información, la capacitación de personal y la coordinación de estrategias (Blanco, 2012).
Por tanto, la seguridad democrática implica un enfoque integral que considera no solo las amenazas de violencia y criminalidad, sino también las causas subyacentes que fomentan la inseguridad, exclusión social, falta de oportunidades y debilidad institucional. Este modelo reconoce que la protección de los ciudadanos no
se logra únicamente mediante medidas represivas, sino a través del fortalecimiento de la justicia social, educación y desarrollo económico. En este sentido, la seguridad democrática promueve un enfoque de prevención, trabajando en reducir las condiciones de vulnerabilidad que permiten la proliferación de actividades criminales, como el narcotráfico y crimen organizado, en las comunidades afectadas.
Además, la seguridad democrática prioriza la cooperación entre las distintas esferas del gobierno y sociedad civil, lo que permite implementar políticas de seguridad participativas y transparentes. En un contexto de criminalidad transnacional, como en el caso del narcotráfico en Centroamérica, esta cooperación se extiende a las alianzas internacionales, buscando que las estrategias de seguridad se basen en una “responsabilidad compartida” en la cual cada país se compromete a fortalecer sus propios mecanismos de control y prevención. Este enfoque colaborativo no solo facilita el intercambio de inteligencia y recursos, sino que también ayuda a crear un entorno donde los Estados pueden abordar las amenazas de manera más efectiva, alineando sus políticas con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos.
Seguridad compartida
El concepto de responsabilidad compartida fue formalizado en el XX Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998, estableciéndolo como el principio rector para guiar la cooperación bilateral y multilateral en la lucha contra el problema global de las drogas. Este principio reconoce que el narcotráfico y sus efectos no son problemas que un país pueda resolver de forma aislada, sino que requieren un esfuerzo conjunto donde todos los países, tanto productores, consumidores, como aquellos de tránsito, asumen un rol activo y compartido en la mitigación de este fenómeno (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC, 2024).
Daniel López Fuentes
Igualmente la seguridad compartida se refiere a un enfoque colaborativo en el que múltiples actores, tanto públicos como privados, participan activamente en la identificación, prevención y combate de actividades ilícitas, como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Este concepto implica que ninguna entidad, ya sea gubernamental o del sector privado, puede enfrentar de manera aislada las amenazas complejas y globalizadas que afectan la seguridad económica y social de los países. En lugar de depender exclusivamente de la intervención estatal, la seguridad compartida demanda la colaboración de todos los sectores involucrados, desde bancos y empresas hasta ciudadanos y autoridades locales. La coordinación y el intercambio de información entre estos actores son fundamentales para detectar patrones sospechosos y anticiparse a las tácticas de las organizaciones criminales (Legis, 2014).
En la práctica, el concepto de seguridad compartida también exige una responsabilidad compartida, donde cada actor reconoce su rol en la construcción de un sistema de seguridad integral y sostenido. Por ejemplo, el sector financiero, que históricamente ha sido uno de los más comprometidos en esta labor, utiliza mecanismos de detección y reportes de actividades sospechosas para mitigar el riesgo de lavado de dinero. La centralización de la información y la capacitación continua de los actores involucrados son otros pilares esenciales, facilitando un flujo eficiente de datos que apoya la labor de inteligencia financiera. La implementación de este enfoque también permite una respuesta internacional más efectiva, ya que los países pueden compartir experiencias y tácticas que mejoran las capacidades de acción frente a las redes de crimen transnacional (Legis, 2014).
Un ejemplo positivo de la colaboración internacional en El Salvador es el apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos a través de la Iniciativa para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica. Esta iniciativa ha financiado programas destinados a fortalecer la justicia y prevención del delito, como capacitación de policías y fiscales, lo que ha mejorado la capacidad del país para
investigar y procesar delitos relacionados con el narcotráfico.
Para fortalecer el enfoque de "responsabilidad compartida", resulta clave incluir ejemplos específicos de la colaboración entre El Salvador y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que ha permitido a la DEA y otras agencias estadounidenses colaboren directamente con las fuerzas de seguridad salvadoreñas a través de programas de capacitación especializada. Estos programas han mejorado la capacidad de interdicción y respuesta de las autoridades salvadoreñas, capacitándolas en técnicas avanzadas de monitoreo, análisis de inteligencia y detención en zonas de alto tráfico.
Además del apoyo en capacitación, Estados Unidos ha brindado asistencia financiera y tecnológica, que ha sido fundamental en operativos estratégicos de interdicción marítima. Gracias a este soporte, El Salvador ha logrado decomisos históricos, incautando toneladas de cocaína en su mar territorial desde 2019. Estas acciones reflejan el impacto de la cooperación internacional, no solo en la protección del territorio salvadoreño, sino también en el refuerzo de la seguridad regional, demostrando el valor de un esfuerzo conjunto y sostenido para desmantelar las redes de narcotráfico transnacional.
Crimen organizado
Se define como un fenómeno complejo que se manifiesta a través de grupos criminales estructurados que operan en redes para llevar a cabo actividades ilícitas. Estos grupos no solo buscan la maximización de ganancias económicas, sino que también establecen un control territorial que les permite influir en comunidades enteras. Este control se ejerce mediante el uso de la violencia, el miedo y la corrupción, lo que les permite mantener su poder y expandir sus operaciones. Además, el crimen organizado no es un problema aislado, sino que está profundamente interconectado con factores sociales, económicos y políticos que favorecen su proliferación
La lucha de la República de El Salvador contra el narcotráfico: Enfoque de seguridad democrática y responsabilidad compartida.
y perpetuación en contextos como El Salvador (Lopez- Fuentes, Quintanilla, & Gomez, 2016).
Cooperación internacional en seguridad
Se refiere a la colaboración entre países y organizaciones internacionales para abordar de manera conjunta y efectiva las amenazas a la seguridad, que pueden incluir el crimen organizado, terrorismo, tráfico de drogas, y otras formas de violencia transnacional. Este enfoque implica el intercambio de información, recursos, experiencias, así como la realización de operaciones conjuntas así como el desarrollo de políticas y estrategias coordinadas. La cooperación internacional en este ámbito busca fortalecer la capacidad de los estados para prevenir y responder a las amenazas a la seguridad, promover la estabilidad regional y global, y proteger los derechos humanos. Además, se fundamenta en principios como la responsabilidad compartida, donde los países reconocen que la seguridad es un bien común y que su éxito depende del trabajo conjunto y la solidaridad entre naciones (Gobierno de Colombia, 2012).
El narcotráfico: Un problema transnacional que exige responsabilidad compartida
El narcotráfico vía El Salvador se ha convertido en un problema complejo que trasciende las fronteras nacionales, lo que lo convierte en un asunto que requiere un enfoque de "responsabilidad compartida". Este concepto implica que todos los países involucrados, tanto aquellos que producen como los que consumen drogas, tienen un papel en la solución del problema. La realidad es que el narcotráfico en El Salvador está intrínsecamente ligado a dinámicas de criminalidad en toda América Latina, especialmente en Guatemala y Honduras. Esta interconexión resalta la necesidad de una colaboración efectiva entre naciones para abordar un fenómeno que afecta no solo la seguridad, sino también el desarrollo social y económico (Ralón, 2011).
La colaboración internacional ha tenido un impacto mixto en El Salvador en su lucha contra el narcotráfico.
Por un lado, la Iniciativa para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica han proporcionado recursos y capacitación a las fuerzas de seguridad salvadoreñas, contribuyendo a desarticular algunas redes de tráfico de drogas y a mejorar la capacidad institucional del país. Por ejemplo, la implementación de programas de prevención del delito y el fortalecimiento de la gobernanza han permitido abordar algunos de los problemas estructurales que alimentan la criminalidad, como las pandillas y el crimen organizado (Ralón, 2011).
Narcotráfico en El Salvador
Puede sostenerse que el narcotráfico es parte del crimen organizado transnacional, donde un conjunto de personas que están constituidas por medio de jerarquías, que hacen una división lógica del trabajo para generar recursos económicos por medio de su actividad delictiva.
El auge del tráfico de drogas en el istmo centroamericano se remonta a la década de los 80's, la narcoactividad se desarrolló gracias a las convulsiones económicas, sociales, políticas, conflictos internos, migración y demás problemáticas, resultado de la guerra fría, provocando que se descuidaran o fueran permeados por el crimen organizado, las instituciones encargadas de proteger los espacios aéreos y marítimos centroamericanos dándole la ruta a los carteles de drogas de México y Colombia.
El caso salvadoreño, debe de agregarse a los problemas económicos, políticos, sociales, y conflicto interno, la llegada en los 90's y 2000's, de pandillas juveniles, que por falta de visión y una política criminal de los gobiernos anteriores, evolucionaron a una insurgencia criminal, cuya economía afectó todos los estratos de la sociedad salvadoreña generando una grave amenaza a la Seguridad y la Defensa Nacional.
En este punto es importante señalar la participación de Estados Unidos, pues la influencia de este país en el narcotráfico en El Salvador es significativa. Desde la década de 1980, ha liderado esfuerzos en la región para combatir el tráfico de drogas a través de políticas de
Daniel López Fuentes
seguridad que incluyen financiamiento y capacitación para las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha observado que estas políticas, a menudo, no han logrado abordar adecuadamente las raíces del problema, como la pobreza y la falta de oportunidades. Recientemente, decisiones como la Iniciativa para la Prosperidad y la Seguridad de Centroamérica, lanzada en 2014, han intentado abordar estos problemas de manera integral. Esta iniciativa busca no solo combatir el narcotráfico, sino también fomentar el desarrollo económico y fortalecer la gobernanza en la región. A través de programas de prevención del delito y apoyo a la justicia, Estados Unidos ha intentado crear un marco más sostenible para enfrentar el narcotráfico en la región (Ralón, 2011).
Casos sobresalientes de narcoactividad en El Salvador
b. Banda los perrones
Los Perrones eran una organización criminal compuesta por empresarios hoteleros, traficantes de personas y contrabandistas, cuyo principal centro de operaciones estaba en los departamentos orientales de El Salvador (San Miguel, Usulután y La Unión). Su modus operandi incluía colaboraciones estrechas con cárteles de drogas colombianos, mexicanos y guatemaltecos, a quienes ayudaban a transportar estupefacientes hacia Estados Unidos (InSight Crime, 2023). Esta red delictiva aprovechaba negocios aparentemente legales, como hoteles, almacenes, clubes nocturnos, concesionarias de automóviles y ferreterías, para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, fortaleciendo así su estructura operativa y financiera.
Esta organización criminal, que inició con el contrabando de alimentos, se expandió en las décadas de los 90 y 2000 para incluir el tráfico de drogas, utilizando una fachada de transportistas que les permitía mover drogas ocultas en mercancías legales a través de El Salvador y hacia países como Guatemala, México y Panamá (InSight Crime, 2023),
A finales de los años 90 y principios de los 2000, durante el período de conflicto armado en El Salvador, el oriente del país se convirtió en una zona de guerra abierta, lo que facilitó la creación de rutas de contrabando desde Panamá y Costa Rica, a través de las cuales ingresaban productos como licores, arroz, cigarrillos, leche y quesos (Salazar, 2023).
La cabeza de esta organización, Reynerio Flores, actualmente cumple una condena de 80 años de prisión en Estados Unidos por su participación en el tráfico de 2.730 kilos de cocaína (Salazar, 2023).
Con su fachada de transporte de mercancías y negocios legales, Los Perrones llegaron a dominar el tráfico de drogas desde Panamá hasta Guatemala, colaborando activamente con cárteles de México, Colombia y Guatemala (El Heraldo Digital, 2023).
Además, las organizaciones criminales en El Salvador poseían redes que se conectaban con otros actores del crimen organizado, como cárteles de narcotráfico y grupos de contrabando, lo que les permitía operar con mayor eficacia y expandir su influencia. Este fenómeno generaba un problema significativo, ya que estas organizaciones podían fomentar la corrupción al establecer vínculos con gobiernos nacionales y municipales, infiltrándose en instituciones encargadas de la defensa y la seguridad, así como en el sector político y empresarial (InSight Crime, 2023). Por ejemplo, se documentaron casos en los que funcionarios públicos recibieron sobornos de narcotraficantes para facilitar el tráfico de drogas y proteger sus operaciones. Asimismo, la relación entre Los Perrones y las pandillas salvadoreñas fue complementaria; las pandillas se beneficiaban de su territorialidad y de las actividades de sicariato, lo que les permitió mantener un control efectivo sobre sus áreas de influencia. Esta colaboración mutua no solo fortaleció a las organizaciones criminales, sino que también agravó la situación de violencia y criminalidad en el país.
La lucha de la República de El Salvador contra el narcotráfico: Enfoque de seguridad democrática y responsabilidad compartida.
b. Cartel de Texis
El Cártel de Texis se distinguió en el panorama del crimen organizado centroamericano por su enfoque empresarial en el narcotráfico, a diferencia de otros grupos que emplearon la violencia indiscriminada para consolidar su reputación. A lo largo de los años, esta organización se convirtió en una de las más influyentes en el tráfico de drogas en El Salvador, facilitando el transporte de cocaína para traficantes de Colombia y México que utilizaban el territorio salvadoreño como un punto estratégico en sus operaciones (InSight Crime, 2023).
Desde su fundación, el cártel dependió de métodos más sutiles, como la corrupción y el chantaje, en lugar de las tácticas brutales comunes en el crimen organizado latinoamericano. Sus líderes, lograron operar con un velo de legitimidad, lo que les permitió evadir la atención de las fuerzas del orden y manejar sus operaciones sin un gran escrutinio público. Este enfoque los diferenciaba de otros grupos que recurrían al uso de la violencia como medio principal de control (InSight Crime, 2023).
Las investigaciones sobre el Cártel de Texis comenzaron en el año 2000, cuando la DEA y el FBI pusieron su atención en sus actividades. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades, no se lograron condenas judiciales exitosas contra sus altos mandos, lo que evidenció la capacidad del cártel para operar con impunidad. Mientras el gobierno intentaba desmantelar sus operaciones, la organización mantuvo su influencia y poder en la región (InSight Crime, 2023).
En abril de 2017, el cártel sufrió un golpe significativo cuando su presunto líder fue arrestado, durante esta operación, otros altos miembros del cártel evadieron la captura, evidenciando la resiliencia de la organización. A pesar de estos reveses, el cártel continuó mostrando una notable capacidad para eludir la justicia, manteniendo su estructura intacta (Fiscalía General de la República, 2024).
Finalmente, bajo cargos de actos preparatorios,
proposición, conspiración y asociaciones delictivas, un total de 17 integrantes del Cártel de Texis fueron condenados en octubre de 2015, a penas que variaron de 3 a 56 años de prisión. Este resultado se derivó de un exhaustivo trabajo de investigación realizado por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico, quienes documentaron numerosos casos relacionados con el trasiego de drogas y lograron identificar a los imputados (Fiscalía General de la República, 2024) .
Mara Salvatrucha y el tráfico de drogas
Una célula de la Mara Salvatrucha del departamento de La Unión, ubicado al oriente en la costa pacífica salvadoreña, operó la ruta marítima de cocaína que conecta a Nicaragua y El Salvador a través del Golfo de Fonseca, la cual era controlada por los Perrones, pero al ser desarticulada dicha banda, la MS, cuya clica denominada Hempstead Locos Salvatruchos (HLS), se apoderó luego de la ruta de la zona del Golfo de Fonseca (InSight Crime, 2023).
Es así como su modus operandi consistió en utilizar lanchas a motor para transportar cocaína a través del estrecho de Nicaragua a las playas de La Unión, donde entregaba cargamentos de droga a intermediarios en el este de El Salvador (InSight Crime, 2023).
La Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas en Centroamérica y EE. UU. buscaba consolidarse como una organización transnacional del narcotráfico, la MS opera desde Canadá, EE. UU., México, Centroamérica, Ecuador, España e Italia, se dedican a actividades económicas criminales como la extorsión, intimidación, sicariato, tráfico de personas y a finales de la década de los 2010 al narcotráfico. Sus actividades que provocaron que, en Guatemala, El Salvador y Honduras, se convirtiera en la zona más violenta del mundo, sumado a que la MS buscaba ser un Estado paralelo frente al gobierno legítimo, debido a que las pandillas al ser una insurgencia criminal poseen su propia organización, lideres, jerarquías, lenguajes y conductas particulares (Lopez-Fuentes, Quintanilla, & Gomez, 2016).
Daniel López Fuentes
Geografía salvadoreña y narcoatividad
Centroamérica por su posición geográfica y acceso al océano pacífico y atlántico en la ruta hacia Norteamérica es vulnerable para el tráfico ilícito por vía marítima, aérea y terrestre, facilitando el traslado, pero también el comercio interno de droga en los diferentes países (Comisión Nacional Antidrogas, 2008). Es utilizado como puente para el tráfico de drogas de los países sudamericanos a través de vías aéreas, terrestres y marítimas para transportar a su principal mercado. EE. UU.
40 años después del ingreso de las primeras redes de narcotráfico hay una desestabilización de las sociedades, violencia y todos los tipos de marginación económica y social.
Su geografía ha hecho un puente natural que conecta ambos océanos pacífico y atlántico, más el norte y sur de América, provocando que sea zona vulnerable y factible para el tráfico ilícito por vías aérea, terrestre y marítima. En ese sentido los vínculos con el crimen organizado, flujos financieros ilícitos, corrupción y terrorismo; hacen que estos actores no estatales armados se beneficien del tráfico de la droga, por medio de una economía criminal, en la década de los 2020, parece ser que los grupos terroristas conocidos como pandillas se dedicaban al narcomenudeo y apoyar al narcotráfico. Por ejemplo, el 2012 EE. UU. consideró a la MS 13 como una organización criminal transnacional, mientras que el 2015 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador los declaró también como terroristas.
El informe de 2016 sobre la estrategia internacional de control de narcóticos del Departamento de Estado estadounidense revelaba que el 90% de los cargamentos de droga pasaban primero por Centroamérica, con gran influencia del Cartel de Sinaloa. Esta organización mexicana ha desplazado a grupos criminales locales, contratando a otros, como pandillas, para asegurar el tránsito de drogas, lo que ha incrementado su
poder en Guatemala, Honduras y El Salvador. La expansión del narcotráfico ha provocado un aumento en la criminalidad y violencia en la región, impulsada por el control territorial ejercido por pandillas aliadas con el crimen organizado. Además, la creciente presencia de carteles ha generado corrupción e infiltración en las instituciones políticas, poniendo en riesgo la estabilidad de Centroamérica (BBC Mundo, 2016).
Narcotráfico y corrupción
La corrupción, el comercio de sustancias ilícitas y la pobreza se refuerzan entre sí, además la corrupción repercute en la pobreza al desalentar la inversión extranjera, por falta de garantías de seguridad pública, nacional y jurídica, impidiendo inversiones (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2023).
El narcotráfico se aprovecha de la corrupción, que en los países en vías de desarrollo esta tristemente en las esferas del poder político, por lo que, esta actividad ilícita tiene la oportunidad para obtener beneficios en la medida que pueda corromper funcionarios de los países. Por tal razón es importante que los países centroamericanos logren construir instituciones robustas capaces de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pues lo contrario permite la corrupción (Olson, 2022).
La corrupción y la delincuencia organizada, en los países en vías de desarrollo permiten la proliferación de la narcoactividad, afectando a los sectores subalternos de la sociedad, obligándolos a vivir en un ambiente de violencia, falta de oportunidades y pobreza (United Nations Office on Drugs and Crime, 2017).
Rol de la Fuerza Armada de El Salvador contra las redes de narcotráfico
El Estado salvadoreño al ser soberano e independiente posee una serie de instituciones que se encargan de mantener su soberanía nacional y luchar contra el crimen
La lucha de la República de El Salvador contra el narcotráfico: Enfoque de seguridad democrática y responsabilidad compartida.
organizado, siendo la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC). Pero también la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) por medio de su Fuerza Naval realiza una lucha permanente contra el narcotráfico.
La lucha contra las estructuras del narcotráfico es una de las prioridades de la estrategia de seguridad del Gobierno salvadoreño para evitar la secuencia de delitos que provoca esa actividad ilícita. Logrando este objetivo gracias a las instituciones del Gabinete de Seguridad que trabajan desde diferentes escenarios en el combate a las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, en busca de proporcionar mayor tranquilidad a la población salvadoreña (Presidencia de la República de El Salvador, 2023). El cual también se apoya con el intercambio de información de inteligencia con instituciones del Estado (Fiscalía General de la República, División Antinarcóticos, CEPA, Aduanas y otras agencias internacionales como la DEA, Embajada de los EE. UU. y su grupo militar.
Resultados al accionar de la fuerza naval contra el narcotráfico
En el caso de la fuerza naval salvadoreña, está operando en el mar territorial con la Fuerza de Tarea Naval Tridente, unidad elite de fuerzas especiales contra el narcotráfico transnacional, integrada por personal adiestrado en el combate al narcotráfico.
Se puede asegurar que la cadena logística, recursos humanos y las rutas de transporte del crimen organizado se encuentran en declive, ya que el Estado salvadoreño se encamina a la prevención, tratamiento, interdicción, operaciones internacionales y aplicación de la ley. El punto de inflexión se dio desde el 2019, año de gestión del Presidente Nayib Bukele, ya que en estos últimos 5 años las fuerzas de seguridad del Gobierno han golpeado al narcotráfico internacional decomisando a la fecha más de 28.4 toneladas de droga valorada en $627.97 millones. Generando cifras históricas en la lucha contra el narcotráfico, gracias al Plan Control Territorial, el cual
es una política de Estado para combatir la criminalidad. Lo cual a los ojos de la comunidad internacional queda claro que el gobierno no permitirá que el territorio sea usado para el crimen organizado.
En junio de 2019 el Presidente Bukele asumió el poder, en ese semestre fueron decomisados 785 kilos de droga, valorados en $1.33 millones; mientras que en el 2020 fueron confiscadas 2.9 toneladas con un valor de $48 millones, en el 2021 fueron decomisadas 11.8 toneladas de droga con un valor en el mercado de $275 millones y en el 2022 se decomisaron más de 13 toneladas de drogas, valoradas en $302 millones (Presidencia de la República de El Salvador, 2023).
La Fuerza Naval Tridente y la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) han logrado millonarias incautaciones de droga durante el trayecto en tierra o en alta mar. Durante los decomisos la policía ha detenido a salvadoreños y a extranjeros cuando intentaban pasar los estupefacientes hacia el Norte del continente. La fuerza naval garantiza la vigilancia y el control efectivo de las amenazas, actos ilícitos y agresiones que lesionen la jurisdicción y soberanía del Estado.
Con los logros obtenidos en el combate al tráfico de drogas se envía un mensaje claro a las estructuras dedicadas a ese ilícito, que El Salvador ha dejado de ser parte de la ruta de la droga hacia México y EE. UU. El tráfico de droga es uno de los delitos que más violencia generan en el entorno en que se desarrolla. De ahí la prioridad del Gobierno salvadoreño por fortalecer la lucha en contra de las estructuras del narcotráfico y golpear las fuentes de financiamiento de otros grupos criminales como las pandillas (Contrapunto, 2023). Los esfuerzos del gobierno salvadoreño a través de su gabinete de seguridad incluyen el enfrentamiento a las pandillas disminución de homicidios, incautación de armas, dinero y drogas (Prensa Latina, 2023); demostrando la robustez de las instituciones del Estado salvadoreño para unir esfuerzos y evitar ser sorprendidos por los actores vinculados al narcotráfico
Daniel López Fuentes
La histórica incautación realizada por la Marina Nacional de El Salvador el 15 de agosto de 2024, que incluyó 1,200 kilogramos de cocaína con un valor estimado de
$30 millones, además de un arsenal de armas de guerra, representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y ejemplifica el enfoque de "responsabilidad compartida". Entre el armamento decomisado se encuentran 12 carabinas AR-15, 20 fusiles AK-47, una ametralladora M60, y un fusil de francotirador BarreK.50, reflejando el nivel de preparación de los grupos criminales y la magnitud de la amenaza. Esta operación, destacada por la Embajada de Estados Unidos, reafirma el compromiso mutuo entre Estados Unidos y El Salvador para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado en la región. La colaboración entre las fuerzas salvadoreñas y el apoyo estratégico y financiero de EE. UU. no solo fortalece la seguridad en El Salvador, sino que también contribuye a la estabilidad regional, subrayando que la lucha contra el narcotráfico exige esfuerzos coordinados a nivel internacional para lograr un impacto duradero (Laguán, 2024).
Discusión de resultados
EE. UU. tiene intereses que proteger, por lo que se apoya de sus aliados en Centroamérica para combatir el narcotráfico, de ahí viene la importancia de El Salvador, el cual al contribuir con su logística y apoyo militar y naval, esto en defensa de sus 200 millas náuticas de mar territorial, donde lucha contra esta amenaza emergente denominada narcotráfico, además a nivel internacional cumple con los objetivos de Desarrollo de la ONU al fomentar el respeto a los Derechos Humanos, al preservar la Salud Pública.
En 2024, El Salvador se destaca por el récord de decomisos de drogas durante la administración del presidente Nayib Bukele. Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de este año, se han incautado 11.1 toneladas de diversas sustancias, con un valor estimado de $278.1 millones. Según datos oficiales del Gabinete de Seguridad, desde 2019 hasta el 15 de agosto de 2024, se han decomisado
un total de 43.3 toneladas de droga, valoradas en aproximadamente $1,003.8 millones. Este 2024, de las
11.2 toneladas confiscadas, 10.7 toneladas corresponden a cocaína interceptada en altamar, cuyo valor monetario asciende a $271.3 millones, resaltando la efectividad de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) en la lucha contra el narcotráfico internacional (Pineda, 2024).
El Ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, enfatizó que estas incautaciones reflejan la firme política de seguridad implementada por el presidente Bukele, creando una barrera efectiva en el Pacífico. Si la tendencia de decomisos de cocaína en altamar y pequeñas incautaciones de otras drogas continúa, 2024 podría superar los resultados de 2022, que registraron más de 13 toneladas de drogas interceptadas, valoradas en poco más de $300 millones. En segundo lugar se encuentra 2021, con más de 11.8 toneladas de drogas decomisadas, valoradas en $275 millones. Hasta el 15 de agosto de 2024, la fuerza naval ha logrado ocho decomisos significativos de cocaína, alcanzando 10.7 toneladas con un valor de $271.3 millones, interceptadas en embarcaciones equipadas con dispositivos satelitales, demostrando un avance considerable en la detección y combate al narcotráfico (Pineda, 2024).
Recomendaciones y conclusiones
Recomendaciones
Como recomendaciones se sostiene que:
Para superar las debilidades estructurales, es crucial que los países centroamericanos fortalezcan sus instituciones de justicia y seguridad mediante programas de capacitación continua. Esto incluye no solo la profesionalizacióndelpersonaldeseguridad,sinotambién la implementación de políticas internas de transparencia y ética para minimizar el impacto de la corrupción. Un enfoque prioritario en este sentido es reforzar la supervisión y el control de los recursos asignados, asegurando que sean utilizados exclusivamente para los fines de seguridad y lucha contra el crimen organizado.
La lucha de la República de El Salvador contra el narcotráfico: Enfoque de seguridad democrática y responsabilidad compartida.
Las capacidades navales y aéreas de las fuerzas de Defensa y Seguridad en Centroamérica deben fortalecerse para combatir eficazmente el narcotráfico, ya que el control territorial marítimo y aéreo es esencial para interceptar rutas de tráfico ilícito. La inversión en equipos de navegación, vigilancia y comunicación avanzada es fundamental para mejorar la detección y neutralización de embarcaciones y aeronaves ilegales. Además, se debe fomentar la cooperación entre países en la región, permitiendo el uso compartido de recursos tecnológicos y la ejecución de operaciones conjuntas.
Incorporar sistemas tecnológicos avanzados, como drones, radares costeros y herramientas de monitoreo satelital, puede ser una herramienta clave para prevenir y detectar actividades de narcotráfico en tiempo real. Estos sistemas no solo permitirían un control más efectivo de las rutas de tráfico, sino que también facilitarían la recolección de datos valiosos sobre los movimientos de las organizaciones criminales. Implementar una infraestructura tecnológica robusta, acompañada de personal capacitado, elevaría considerablemente la capacidad de respuesta de los cuerpos de Defensa y Seguridad de la región.
Para abordar el control territorial ejercido por pandillas y redes criminales, los países miembros del SICA deben implementar políticas integrales de recuperación de territorios. Estas políticas deben incluir no solo operativos de seguridad, sino también programas de desarrollo social que ofrezcan alternativas económicas y educativas a las poblaciones afectadas. La recuperación territorial debe entenderse como un proceso multidimensional que requiere la colaboración entre instituciones de seguridad, gobierno local y sociedad civil para reducir la influencia de las organizaciones criminales.
La adopción de un modelo de seguridad democrática permite a los países centroamericanos enfrentar el narcotráfico desde un enfoque que respeta los derechos humanos y refuerza el Estado de Derecho. Este modelo
implica un compromiso regional con la protección de los ciudadanos y la prevención de la violencia, además de fomentar la cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida. El Salvador ha dado pasos importantes en esta dirección desde 2019, pero consolidar este modelo requiere apoyo continuo en forma de recursos y de estrategias compartidas a nivel regional.
La lucha contra el narcotráfico es un desafío transnacional que exige una colaboración internacional sólida. Los países del SICA deben fortalecer sus vínculos con instituciones como la DEA y organismos internacionales, aprovechando tanto los recursos financieros como la experiencia operativa de estos aliados. Al mismo tiempo, se recomienda que los países centroamericanos desarrollen un marco legal que facilite la cooperación en inteligencia y operaciones conjuntas. Esta estrategia conjunta podría incluir la creación de un sistema de alerta temprana y el intercambio constante de datos sobre actividades ilícitas en la región.
Conclusiones
A manera de conclusión se tiene que:
La persistencia del narcotráfico en El Salvador representa una amenaza seria y continua a la seguridad nacional y regional. Las operaciones de grupos delictivos transnacionales no solo impulsan el incremento de la violencia y la criminalidad, sino que también afectan el desarrollo social y económico del país. La situación en El Salvador refleja una problemática extendida en Centroamérica, donde las redes de narcotráfico explotan la geografía de la región para facilitar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, su principal mercado. Este panorama demanda la implementación de estrategias integrales y continuas que permitan no solo contener, sino también desmantelar estas estructuras criminales.
La implementación del modelo de seguridad democrática en El Salvador, que se centra en el respeto a los derechos humanos y en la protección de la ciudadanía, ha permitido abordar el narcotráfico y el crimen organizado
Daniel López Fuentes
desde un enfoque que privilegia el Estado de Derecho. La seguridad democrática, al integrar tanto medidas preventivas como de disuasión, refuerza la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico de forma efectiva y sostenible. Este enfoque se ha revelado como un recurso fundamental para la estabilización del país, mejorando el control territorial y limitando la expansión del crimen organizado.
La lucha contra el narcotráfico en El Salvador evidencia la necesidad de una colaboración internacional basada en la responsabilidad compartida. La participación de Estados Unidos ha sido crucial, brindando apoyo, financiamiento, capacitación y recursos tecnológicos para operaciones antinarcóticos. Sin embargo, el principio de responsabilidad compartida debe expandirse para incluir una mayor cooperación con otros países de la región, consolidando un frente común que permita mitigar de manera más eficaz el impacto del narcotráfico en el país y en Centroamérica en su conjunto.
Las políticas de control territorial implementadas en los últimos años han logrado avances significativos en la reducción del tráfico de drogas y en la captura de narcotraficantes. El decomiso de toneladas de droga y la desarticulación de estructuras criminales representan logros importantes para la seguridad del país. Sin embargo, estos resultados son solo sostenibles si se acompañan de políticas que promuevan el desarrollo económico y social en las áreas más vulnerables. Sin un enfoque integral, el éxito en la lucha contra el narcotráfico podría verse comprometido a largo plazo.
La continuidad de la lucha contra el narcotráfico en El Salvador requiere una estrategia que combine la seguridad democrática con una cooperación internacional ampliada y el fortalecimiento institucional. Esto incluye la adopción de medidas que promuevan el desarrollo social y la reducción de la pobreza, aspectos que contribuyen a reducir las causas estructurales de la criminalidad. En este contexto, El Salvador tiene la oportunidad de liderar esfuerzos regionales.
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El Magíster Daniel López Fuentes, es parte del Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología de El Salvador acreditado por CONACYT, dentro del ámbito académico se destaca por ser el primer graduado con Cum Honorífico de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador (2008). Realizó el Curso de Formación Pedagógica para Profesionales, permitiéndole ser docente tanto en el área básica como superior, según el escalafón docente que el Ministerio de Educación acredita. En el año 2016 terminó la Maestría en Métodos y Técnicas de Investigación, en el 2022 egresó de la Maestría en Criminología, por último, posee el Diplomado Formación Pedagógica en Tutoría y Administración de Aulas Virtuales.
Docencia Superior en la Universidad de El Salvador y otras universidades privadas del área metropolitana de San Salvador. Así mismo perteneció al equipo de docentes-especialistas de la Escuela Superior de Maestros (ESMA) del Ministerio de Educación; a la vez tiene experiencia como autor de libros de estudio en la Editorial Santillana; tuvo la oportunidad de ser investigador de los Bienes Culturales Inmuebles de El Salvador: Palacio Nacional y Ex-Casa Presidencial, para Concultura. Forma parte de la Jefatura de Investigación del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, desempeñándose como docente, investigador, redactor y editor de libros y artículos de interés institucional.
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