La importancia de la participación de la mujer en términos de su desarrollo y gestión en el ámbito, económLa investigación realizada entre 2019 y 2022 en Cajolá, Quetzaltenango, analiza la participación de mujeres indígenas maya Mam en la producción y gestión social del hábitat, desde un enfoque mixto con predominancia cualitativa. Se abordó el derecho a una vivienda digna desde una perspectiva de género con pertinencia cultural, vinculada a la identidad y al Buen Vivir. Las unidades de análisis fueron las prácticas de las mujeres organizadas localmente que promueven procesos comunitarios y municipales orientados al ejercicio de derechos colectivos. El estudio identificó barreras estructurales de exclusión derivadas de relaciones de poder patriarcales, culturales y machistas presentes en diversos ámbitos sociales. Frente a estas limitaciones, las mujeres reconocieron factores transformadores como su participación en la construcción de viviendas, el acceso a la tierra, y la resignificación de su rol familiar y comunitario. Estas acciones fortalecen su autonomía y capacidad de incidir en la transformación del hábitat. La producción y gestión social del hábitat se entiende como procesos organizativos que mejoran las condiciones de vida, considerando el entorno físico y las relaciones sociales. Este enfoque, según Ortiz (2012), Trabajadora Social, Coordinadora de Fortalecimiento Organizativo, en el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de América Central (IDESAC). Con especialización en enfoque social en la atención de la niñez y adolescencia en el sistema de justicia, y estudiante de la maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos para el Desarrollo Social. sandra_slyc8@gmail. com, (502) 54139442. reivindica la vivienda como derecho fundamental y no como mercancía. En el contexto rural de Cajolá, caracterizado por riqueza cultural y prácticas locales, el Trabajo Social se vincula estrechamente con estos procesos, aportando en la organización comunitaria, formación y conciencia crítica. Así, las mujeres se reconocen como sujetas de derecho, capaces de transformar su realidad y reproducir formas de poder emancipadoras. Palabras clave: derechos, hábitat, mujeres, participación, vivienda.
The research conducted between 2019 and 2022 in Cajolá, Quetzaltenango, examines the participation of indigenous Maya Mam women in the social production and management of habitat, using a mixed-methods approach with a qualitative emphasis. It addresses the right to adequate housing from a gender perspective with cultural relevance, linked to identity and the concept of Buen Vivir. The units of analysis were the practices of locally organized women who promote community and municipal processes aimed at exercising collective rights. The study identified structural barriers to inclusion rooted in patriarchal, cultural, and sexist power relations present in family, organizational, and community spheres. In response to these limitations, the women recognized transformative factors such as their involvement in housing construction, access to land ownership, and the redefinition of their role within the family and community. These actions enhance their autonomy and ability to influence habitat transformation. Social production and management of habitat are understood as organizational processes that improve living conditions, considering both the physical environment and social relationships. This approach, according to Ortiz (2012), affirms housing as a fundamental right rather than a commodity. In Cajolá’s rural context, characterized by cultural richness and local livelihoods, Social Work is closely linked to these processes, contributing to community organization, training, and critical awareness. Through this, women recognize themselves as subjects of rights and responsibilities, capable of transforming their reality and reproducing emancipatory and liberating forms of power. Keywords: rights, habitat, women, participation, housing.
El Estado de Guatemala mantiene una deuda histórica con la mayoría de su población, originada desde su fundación y perpetuada en la actual estructura política y administrativa. Esta configuración ha profundizado las brechas de desigualdad y se ha mostrado incapaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente entre los sectores más vulnerables.
En este contexto, el presente artículo aborda la participación de las mujeres maya Mam en los procesos de producción y gestión social del hábitat, evidenciado cómo el ejercicio de sus derechos se ve condicionado por los roles de género dominantes y el desequilibrio estructural de poder entre hombres y mujeres, así como entre distintos grupos sociales. Aunque el derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable está ampliamente reconocido tanto en la legislación nacional como en instrumentos internacionales, más de un millón ochocientas mil familias guatemaltecas enfrentan un déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, lo que representa una violación sistemática a sus derechos a la vivienda, al hábitat saludable y al equipamiento comunitario.
Las mujeres, en particular aquellas pertenecientes a pueblos indígenas, son objeto de múltiples vulneraciones derivadas de procesos históricos de discriminación, exclusión, falta de acceso a tierra y vivienda, y ausencia de voluntad política por parte de los gobiernos locales y central. No obstante, es importante destacar que las mujeres también asumen un papel activo en el tejido social, especialmente en tres espacios fundamentales: el hogar, el trabajo y la comunidad. Su participación en estos ámbitos contribuye a transformar las relaciones de poder y a cuestionar las estructuras de género tradicionales.
Un ejemplo significativo de esta transformación es el caso del grupo de mujeres del pueblo Maya Mam organizadas en el Grupo Asociativo Autogestionario de Vivienda (GAV) “K´lojqyaAq´unal te k´ojlá”, Mujeres Luchadoras de Cajolá. Esta organización fue constituida el 12 de diciembre del año 2019 en el municipio de Cajolá, departamento de Quetzaltenango, convirtiéndose en el primer Grupo Asociativo Autogestionario de Vivienda del altiplano guatemalteco. Cuenta con personería jurídica respaldada por la Ley de Vivienda (Decreto 09-2012) y tiene como objetivo impulsar la Producción Social de Vivienda y Hábitat, así como la restitución del derecho a una vivienda digna con pertinencia cultural.
Para efectos de esta investigación, se entiende la producción y gestión social del hábitat como los procesos organizativos orientados a mejorar las condiciones de vida, considerando el hábitat como todo aquello que nos rodea y las relaciones que se entretejen en los ámbitos familiar, organizativo y comunitario. Según Ortiz (2012), “la Producción Social del Hábitat define la vivienda como un derecho fundamental y no una mercancía” (p.38). Este enfoque trasciende la construcción física de la vivienda, reivindicando el derecho a vivir dignamente en un entorno que promueva el bienestar colectivo.
La investigación se desarrolló en un contexto rural caracterizado por una riqueza cultural y prácticas sociales vinculadas a los medios de vida locales, lo que ofrece amplias posibilidades de desarrollo. En este escenario, el concepto de producción social del hábitat se vincula directamente con el que hacer del Trabajo Social, disciplina que aporta en la organización comunitaria, la capacitación, y la formación de grupos, promoviendo el crecimiento de una conciencia crítica en las personas y sus familias. Este proceso permite que las mujeres se reconozcan como sujetas de derecho y obligaciones, capaces de transformar su realidad y de reproducir formas de poder emancipadoras y liberadoras.
Para realizar el proceso investigativo, se planteó como objetivo principal: Identificar los niveles de participación de las mujeres en la producción y gestión social del hábitat, desde una perspectiva de género y pertinencia cultural. Específicamente: a) Describir las estrategias de gestión para el acceso a vivienda y hábitat de las mujeres a nivel económico, social y político. b) Identificar las principales limitantes que afrontan las mujeres en la gestión social del hábitat.
Es importante mencionar que las circunstancias del estudio se realizaron en un contexto extraordinario bajo los efectos sanitarios, sociales, políticos y económicos generados por la pandemia del COVID-19. La pandemia provocó una crisis socioeconómica que agravó las condiciones que afectan el goce del derecho a una vivienda adecuada para la población guatemalteca y en especial para las mujeres. Según el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala presentado por el Procurador de los Derechos Humanos (2021), el acceso a la vivienda adecuada se constituyó como un factor determinante para prevenir y mitigar los contagios por esta enfermedad. Afirmando que:
Este contexto extraordinario también evidenció el alarmante aumento de la violencia en contra de las mujeres, producto de las medidas de confinamiento, las cuales generaron el aumento de la violencia doméstica, producto de las condiciones precarias de vida por el aumento de la pobreza, la desnutrición y la exclusión contra las mujeres, la niñez y los adultos mayores.
El presente artículo es producto de la investigación: La Participación de las Mujeres maya Mam en la Producción y Gestión Social del Hábitat. La misma se realizó en el municipio de Cajolá, Departamento de Quetzaltenango y abarcó información del año 2019 al 2022. Es de naturaleza mixta, se privilegió la investigación cualitativa y se complementó con el enfoque metodológico cuantitativo con diseño descriptivo y fenomenológico que permitió conocer experiencias, estrategias y limitantes que afrontan las mujeres mayas Mam en la gestión social del hábitat.
Para efecto de la investigación se estableció un muestra no probalística intencional siguiendo criterios de interés de acuerdo a los objetivos de la investigación, contando con la participación de 31 mujeres: 4 mujeres lideresas organizadas a nivel local, miembros de órganos de coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs) y 3 mujeres que se encuentran a cargo de la comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de COCODE; 4 mujeres participantes en el Grupo Asociativo de Gestión de Vivienda Mujeres Luchadoras de Cajolá y 20 mujeres representantes de organizaciones comunitarias en cargos de decisión en Cajolá, Quetzaltenango.
Desde el enfoque cualitativo se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas y un grupo de discusión. Logrando constatar a través de visitas domiciliarias la situación socioeconómica de las entrevistadas, se profundizó en las experiencias de las mujeres identificando factores sociales, económicos y políticos que inciden o determinan su acceso a la vivienda y hábitat, asimismo la motivación que las llevaron a organizarse, las estrategias que les han permitido continuar trabajando, además de las principales limitantes en la autogestión colectiva, resultados que se estarán compartiendo más adelante.
Fundamentado en la revisión de la literatura y desde un enfoque cuantitativo, se implementó una escala de Likert, que permitió medir actitudes u opiniones sobre los roles asignados a hombres y mujeres y su relación con la participación de procesos de producción y reproducción social, asignando valores numéricos a respuestas de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones, permitiendo así el análisis estadístico. Se realizó la recolección y posterior análisis donde participaron 20 mujeres lideresas en cargos de decisión a nivel local, que respaldan los resultados de la investigación.
Asimismo, con el fin de obtener información con el menor sesgo posible, se utilizaron datos estadísticos procedentes de fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y de la municipalidad de Cajolá del departamento de Quetzaltenango. Además, leyes que contemplan medidas para garantizar el derecho a la participación de las mujeres tales como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural Decreto 11-2002; el Código Municipal, Decreto 12-2002 y su derecho al acceso a vivienda como derecho Humano, Decreto 09-2012.
Es importante iniciar reconociendo la importancia de los estudios mixtos, para Hernández Sampieri y Mendoza (2008) “los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” (p.546), el cual permitió a partir de la combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos profundizar ampliar el conocimiento sobre el papel de las mujeres en la gestión social del hábitat, y a partir de estos enfoques metodológicos ahondar en estrategias que han desarrollado y las limitantes que han afrontado desde su experiencia de vida.
Se privilegió la investigación cualitativa y se complementó con el enfoque metodológico cuantitativo, se planteó un alcance explicativo que va más allá de la descripción del establecimiento de relaciones entre conceptos; dirigido a identificar las principales limitantes que afrontan las mujeres para participar en los procesos de producción y gestión social de su hábitat, a partir de cómo los roles impuestos por la sociedad generan en las mujeres una sobrecarga y discriminación en su participación relacionando el análisis de las variables: Concepción de la vivienda y hábitat, género, pueblo indígena maya Mam, etaria, escolaridad, organización y participación.
Para la parte cualitativa se planteó el diseño de investigación desde el enfoque fenomenológico. Hernández Sampieri y Mendoza (2008) plantean que: “el enfoque fenomenológico está orientado a la descripción e interpretación de las estructuras fundamentales de la experiencia vivida, al reconocimiento del significado del valor pedagógico de esta experiencia que servirá de sustento a la investigación” (p.493). A partir de describir, particularizar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y patrones que se desarrollan en el contexto social, económico, político en los cuales ocurren las experiencias humanas del grupo de mujeres maya Mam.
Este estudio es descriptivo ya que procura caracterizar la situación que viven actualmente las mujeres maya Mam, quienes se han organizado e impulsan la producción social de vivienda que reivindica el acceso a vivienda como derecho humano con pertinencia cultura a partir de la concepción de producción y gestión social de vivienda y hábitat, las condiciones de vida y las motivaciones que las ha llevado a participar, las limitantes que han tenido que enfrentar y las estrategias de gestión para el acceso a vivienda y hábitat que han desarrollado a nivel social, económico y político.
La perspectiva y el concepto de género ha permitido el análisis de las relaciones entre hombres y mujeres en situaciones históricas, económicas, sociales, étnicas políticas y culturales, para Lagarde (1996) “la perspectiva de género ayuda a comprender la diferenciación y desigualdad en la asignación del poder, de espacios, roles, valores, y atributos que se le asignan a hombres y mujeres en una sociedad determinada”(p.146), para ello, en este estudio se orientó en las siguientes categorías: la concepción de género, los agentes socializadores del género y la participación de las mujeres maya Mam en la gestión del hábitat.
El nombre Cajolá proviene del idioma K’iche’ y significa “Hijos de Agua”, derivado de los términos k’ojol (hijo) y Ja (agua). Este municipio pertenece al departamento de Quetzaltenango y se encuentra a 217 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, accede por la ruta CA-1 Occidente y la ruta CA-1 desde la costa sur. Además, está ubicado a 16 kilómetros de la cabecera departamental.
Cajolá se sitúa a una altitud de 2,510 metros sobre el nivel del mar, lo que le confiere un clima predominantemente frío durante la mayor parte del año. Sus coordenadas geográficas son 14º 55’ 17” de latitud y 91º 36’ 53” de longitud oeste. (Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), 2019, p. 13).
Según datos proporcionados por el instituto para El Desarrollo Económico Social de América Central (IDESAC, 2020), de los 22 departamentos de Guatemala, el departamento de Quetzaltenango presenta el tercer índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto (0.54), después de los departamentos de Sacatepéquez (0.58) y de Guatemala (0.62). Sin embargo, el municipio de Cajolá, perteneciente a Quetzaltenango, se caracteriza por condiciones de extrema pobreza y desigualdad, con un IDH (0.33), el más bajo del departamento y el penúltimo más bajo a nivel nacional (solo superado por San Juan Atitán, Huehuetenango con 0.30). de los 340 municipios de todo el país. El índice de pobreza del municipio es de 81.6% y la extrema pobreza es del 25.4%, superiores a la media del país. La desnutrición crónica en el municipio es del 33.41 % de la población. (IDESAC,2020, pp.17-18).
No resulta exagerado afirmar que el municipio de Cajolá representa un paradigma de la pobreza y la desigualdad en Guatemala, especialmente en lo que respecta a las mujeres, quienes enfrentan condiciones de discriminación y marginación desde los niveles más básicos de la estructura social. Esta realidad se refleja en el testimonio de una de las mujeres entrevistadas: “Nunca fui a la escuela, tenía que cuidar a mis hermanos y trabajar en el campo, por eso no sé leer ni escribir y entiendo poco el español” (López, comunicación personal, 18 de junio 2021).
Las entrevistas realizadas en el estudio, permitió comprobar las condiciones socioeconómicas de mujeres Maya Mam, jefas de hogar, en una edad comprendida de 35 a 46 años; 75% de ellas analfabetas, con relación a los datos estadísticos nacionales. El promedio de miembros de las familias de las mujeres entrevistadas es de cinco personas, tomando en cuenta a padres, suegros y nuera. De acuerdo con la información recabada, se identificaron a seis niñas y siete niños comprendidos entre las edades de 0 a 12 años.
El ingreso familiar promedio en el municipio de Cajolá asciende a Q. 1,075.00 mensuales, generado principalmente a través de actividades como la agricultura, la venta de alimentos, la elaboración y comercialización de tejidos, y el trabajo de albañilería. Este monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, especialmente cuando se compara con el costo de la canasta básica alimentaria
proyectada por el INE (2022), que alcanza los Q. 3,454.98 mensuales. Esta disparidad evidencia la situación de pobreza extrema que enfrentan las familias mayas Mam, quienes, incluso destinando la totalidad de sus ingresos a la compra de alimentos, no logran cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. La problemática trasciende la mera carencia de alimentos, agua potable y servicios médicos, constituyendo una grave vulneración a los derechos humanos. En este contexto, Lagarde (2014), sostiene que: “la justicia hacia las mujeres implica otra distribución de los recursos, los bienes y las oportunidades y que el Estado está llamado a dejar de ser garante y gestor de desigualdades y a transformarse en un Estado justo” (p.273).
El pueblo maya cuenta con un enorme acervo cultural propio y diferenciado de la cultura occidental dominante en el país. Para esta investigación es importante indagar en la concepción y experiencia sobre las relaciones de género en la cultura maya.
El género es una construcción social, desde el nacimiento se va condicionando de acuerdo con lo que la sociedad ha determinado que corresponde a nuestro sexo. A los niños se les educa actitudes, destrezas, que socialmente se definen como de niños y a las niñas se les entrena para ser mujeres, conforme a lo que la sociedad define como tal.
El rol de género se construye a partir de un conjunto de normas, costumbres y prácticas culturales que se transmiten en los entornos: familiar, comunitario y territorial. Estas pautas sociales definen y regulan los comportamientos considerados apropiados para mujeres y hombres dentro de una determinada cultura. A partir de este marco, es posible identificar un denominador común: la división genérica del trabajo, la cual revela desigualdades estructurales entre los géneros y reproduce relaciones de poder que desfavorecen sistemáticamente a las mujeres.
En las entrevistas, grupos de discusión y afirmaciones reiteradas por las mujeres participantes, se coincide en señalar que las relaciones de género giran en torno a la superioridad masculina, que se manifiesta desde el hecho de tener el aval del padre, esposo u hombre en la familia para realizar cualquier actividad: “Aquí la mujer cuesta que participen si tienen marido porque no las dejan, dicen que entonces no cumplen con su obligación, que a perder el tiempo van pues solo mujeres son, algunas sí, pero son pocas”(López, Comunicación personal, 3 de marzo 2022).
Una vivienda digna, adecuada y saludable con pertinencia cultural, debe tener características que permitan a sus habitantes protegerse de las inclemencias climáticas y otros riesgos. También debe ser accesible, habitable, asequible y segura. La Ley de Vivienda (2012), Artículo 7 literal w) define “vivienda digna como aquella que funciona como espacio de refugio seguro y agente de salud para garantizar la apropiada calidad de vida a sus habitantes, protegiéndolos de la intemperie y cubriendo satisfactoriamente sus necesidades básicas “(p.5).
En este marco se confronta la situación del acceso a vivienda de la población con especial atención a las mujeres y las características de las viviendas en el municipio de Cajolá, tomando como base los datos del XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, INE (2018), así como los aportes de las participantes en la investigación.
Según datos oficiales, el municipio de Cajolá cuenta con una población de 14,948 habitantes, de los cuales 8,604 son mujeres y 6,344 hombres, distribuidos en 2,916 hogares familiares. Del total de hogares, el 40.02% está encabezado por mujeres, lo que evidencia una alta proporción de familias monoparentales lideradas por madres. El 47% de las viviendas son habitadas por familias monoparentales y extendidas, es decir, núcleos familiares que incluyen parientes no nucleares como abuelos, hermanos o primos. De acuerdo con el INE (2018) Cajolá cuenta con 4,126 viviendas particulares, de las cuales el 96% son de propiedad privada. Sin embargo, esta propiedad está marcada por una notable desigualdad de género: el 73.87% de los propietarios son hombres, mientras que solo el 18.72% son mujeres. La propiedad comunal representa apenas el 0.16%, y el 7.25% de las viviendas no cuenta con información sobre su régimen de tenencia.
Cabe destacar que, de las 4,126 viviendas registradas, 1,525 se encuentran desocupadas. Por lo que los 2,916 hogares familiares habitan en 2,601 viviendas ocupadas. Según el testimonio de una entrevistada, muchas de estas viviendas fueron abandonadas por familias que migraron en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. En otros casos, las viviendas han sido construidas con remesas enviadas por personas migrantes, principalmente de Estados Unidos, a sus familiares residentes en el municipio.
Con base en los datos generales del municipio proporcionados por el INE (2018), se puede identificar un primer indicador de la problemática habitacional: el déficit cuantitativo. Este se refiere al número de hogares que requieren una vivienda nueva, cifra que asciende a 315 hogares. Este dato es relevante, ya que representa aproximadamente el 11% de las familias del municipio, quienes, aunque cuentan con algún tipo de techo, viven en condiciones de hacinamiento o en viviendas compartidas con otras familias. Estas situaciones incluyen residencias en casas de los padres, alquileres informales, ocupación de terrenos en zonas de alto riesgo como márgenes de ríos o barrancos, o viviendas construidas con materiales inadecuados. La necesidad de contar con un espacio propio y digno es fundamental para mejorar la calidad de vida de estas familias. El promedio de personas por hogar en Cajolá es de 5.13 (INE,2018).
En segundo lugar, se identifica el déficit cualitativo, entendido como el número de hogares que habitan viviendas en condiciones deficientes. Este tipo de déficit incluye viviendas que carecen de servicios básicos, están construidas con materiales no adecuados o presentan niveles críticos de hacinamiento. Según los datos del INE (2018), el 89% de los hogares en Cajolá se encuentran en esta situación, lo que evidencia una problemática estructural que requiere atención urgente desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo social.
La certeza jurídica del suelo garantiza que las personas tengan derechos seguros sobre la tierra, lo que es fundamental para la protección humana y el desarrollo económico. En el caso de las mujeres, la certeza jurídica también les garantiza el acceso a la justicia y a los derechos humanos. Esto es fundamental para que las mujeres puedan vivir libres de discriminación, exclusión ni violencia.
La situación jurídica del suelo en Cajolá, según los datos del INE arriba indicados, muestra quién o quiénes son los/las propietarios/as de las viviendas y, por tanto, el nivel de equidad de género existente; el poder adquisitivo se concentra sobre todos en los hombres, mientras que las mujeres han sido relegadas a las tareas del hogar y cuidado de los hijos/as, es decir: trabajo no remunerado que impide el acceso a recursos económicos, parte de la violencia estructural hacia las mujeres. La siguiente opinión, es reveladora:
La participación social de las mujeres es un derecho fundamental. Aportan perspectivas y miradas únicas que contribuyen al desarrollo de acciones que responden a sus propias necesidades y demandas de vivienda y hábitat comunitario, en torno a su concepción de vida y la funcionalidad de los espacios en que se desenvuelven. Para Rodríguez & Arqueros (2020):
El Grupo de Mujeres Luchadoras de Cajolá, actualmente está integrado por 30 familias constituidas en el 80% por madres jefas de hogar. En su conjunto las familias integran a 170 personas; el promedio de miembros por familia es de más de cinco integrantes, de estos la mayoría son niñas y niños menores de edad. El factor que las ha unido es la necesidad de acceso a vivienda, para ellas y sus hijos. Las mujeres ven en la organización un camino para mejorar sus condiciones de vida.
En el municipio de Cajolá, se han inscrito 21 Consejos Comunitarios de Desarrollo2 ante la municipalidad. En sus órganos de coordinación y comisiones de trabajo se registra una participación femenina del 43%, de la cual solo el 10% corresponde a cargos directivos. En la Comisión de Servicios de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda, el 24% de los espacios de liderazgo están ocupados por mujeres. Esta participación, aunque limitada, resulta fundamental para contrarrestar las condiciones estructurales de desigualdad y para avanzar en la superación de los roles de género impuestos por una sociedad patriarcal y culturalmente machista.
Las mujeres entrevistadas en este estudio coincidieron en destacar la importancia de los talleres y reuniones en los que participaron, señalando que estas experiencias les generaron aprendizajes significativos. Muchas de ellas describen dichas actividades como catalizadores de transformación tanto a nivel individual como colectivo. El siguiente testimonio resulta revelador:
Las mujeres que deciden organizarse enfrentan múltiples formas de resistencia al cambio, las cuales están condicionadas por un sistema patriarcal y mercantil impuesto históricamente. Esta resistencia se manifiesta en las relaciones de poder dentro de la comunidad, y puede provenir no solo de los hombres, sino también de otras mujeres, de los núcleos familiares, delos vecinos e incluso de la propia estructura social de Cajolá. Estas dinámicas reflejan la persistencia de patrones culturales que limitan la participación activa y transformadora de las mujeres en los espacios comunitarios.
Una mujer empoderada es aquella que posee un fuerte sentido de autoestima, independencia y confianza en sí misma. Estas cualidades le permiten enfrentar desafíos, tomar decisiones firmes y luchar por sus objetivos con determinación sin caer en la sumisión a la que arrastran los mandatos de género; esto es un mensaje fuerte y contundente de la entrevistada ante los obstáculos que presenta el ejercicio ciudadano.
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) pueden crear comisiones de trabajo para desarrollar temas y emitir opiniones, según el Código Municipal en su artículo 36, Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala.
Algunas de las causas que hace que las mujeres no participen en espacios de toma de decisiones están relacionadas a diversos temores: por no saber leer ni escribir, por no saber el idioma español, el desconocimiento de sus derechos, el machismo que existe en Cajolá y la discriminación por género. Sin embargo, cuando se generan espacios de dialogo, capacitación y empoderamiento, a las mujeres les es posible avanzar en confrontar esos temores tal como nos plantea la entrevistada: “yo no sé leer, pero se hablar y entiendo que puedo participar y votar, aunque hay señores de los COCODES que se burlan de nosotras, nosotras no les hacemos caso” (Huinil, comunicación personal, 26 de junio 2021).
Las estructuras de poder vinculadas al género están presentes en todas las esferas de la vida social. Moberger (s/f), plantea que “las maneras distintas de las mujeres de enfrentar estos conflictos, podrían de manera simplista ser divididos en tres: callarse e ignorarlo, trabajar lentamente para un trabajo de transformación más a largo plazo, o enfrentar el problema directamente” (p.58). En la práctica, la mayoría de las mujeres recurren a una combinación de estas estrategias, dependiendo de la naturaleza del conflicto y del tipo de resistencia que enfrentan.
Los niveles de participación femenina y las estrategias desarrolladas para acceder a una vivienda digna, considerando la pertinencia cultural y las formas de habitar propias de las familias, configuran una dinámica que articula tres dimensiones fundamentales: comunidad, trabajo y hogar. Tal como lo plantea Winograd (1988) en este proceso se forja una subjetividad mediante el desarrollo de competencias reflexivas y la movilización de afectividades. Esta experiencia integral da lugar a una rezonificación cultural que incorpora tendencias despatriarcalizadoras en las relaciones sociales. Se trata de un proceso en el que se reelabora la experiencia biográfica, se abren nuevas posibilidades de percepción y se construyen nuevas narrativas, en un marco que, como señalaba Lefevbre (1969), involucra “contradicción, deseo y razón”.
Estas tendencias transformadoras se despliegan junto con la incorporación de nuevas prácticas que
resignifican el espacio vivido. Tal como lo plantean Rodríguez &Arqueros (2020) afirmando que:
Las Mujeres Luchadoras de Cajolá están desempeñando un papel activo en su proceso de desarrollo social, interviniendo en tres ámbitos fundamentales: el hogar, el trabajo constructivo y la comunidad. En el ámbito doméstico, asumen decisiones y acciones orientadas a mejorar sus condiciones de vida, al tiempo que replantean patrones de crianza desde una perspectiva liberadora. En el trabajo constructivo, participan en procesos de capacitación y en actividades de construcción basadas en la ayuda mutua y la solidaridad entre mujeres, quienes han encontrado en la organización una vía para atender necesidades urgentes como el acceso a la vivienda y la mejora de su entorno habitacional. En el ámbito comunitario, se posicionan como sujetas de derecho, reivindicando su participación activa en los espacios públicos.
La organización ha sido clave para generar espacios de diálogo que fortalecen la esperanza de transformación entre las mujeres, permitiéndoles romper con estereotipos que históricamente las han mantenido excluidas y subordinadas. En el trabajo impulsado por el Grupo Asociativo constituye un ejemplo concreto de producción social del hábitat en Guatemala, en el que se articulan procesos de empoderamiento, justicia social y construcción colectiva de soluciones habitacionales.
Para las mujeres Maya Mam esto es producto de su capacidad de soñar, afrontar los roles impuestos por las familias, la comunidad y las mismas mujeres y materializar sus sueños. Desde su formación han logrado contar con apoyo de gestiones ante entidades de cooperación, la construcción de 25 viviendas con este modelo3 en terrenos de su propiedad, donde las mujeres a partir de su experiencia celebran el ser las protagonistas de su propio desarrollo:
Las mujeres organizadas elaboran todos los adobes que se necesitan para las viviendas que se construyen con estructuras resistentes a los sismos con la asistencia técnica de IDESAC.
La organización les ha ayudado a resolver necesidades, juntas han construido lazos de hermandad y solidaridad, eso hace que no se sientan solas, pues a pesar de no contar con el apoyo de sus familias, saben que hay otras mujeres igual que ellas.
A partir del diálogo con las mujeres participantes en este estudio, fue posible identificar diversos agentes socializadores de género. Según Pibernat (2017) “los agentes socializadores de Género son los espacios sociales de transmisión cultural en los que, desde el nacimiento y durante toda la vida, recibimos mensajes acerca de qué es lo deseable y socialmente aceptado” (p.529). Estos mensajes se transmiten a través de los distintos roles que las personas desempeñan en el hogar, el trabajo y la comunidad, y se reflejan en los patrones de crianza que influyen directamente en la experiencia cotidiana de las mujeres. A través, de sus relatos, las participantes expresaron cómo estos patrones han condicionado sus trayectorias, ya sea como limitantes o como motivaciones que impulsaron su participación en procesos de gestión social de hábitat presente, si identifica o no limitantes, además de sus motivaciones y experiencias que han desarrollado en su participación en la gestión social del hábitat.
Entre los principales espacios de trasmisión de estos valores y normas se encuentran la familia, la escuela, la comunidad, las iglesias, los medios de comunicación y las instituciones públicas. Cada uno de estos contextos influye de manera diferenciada entre hombres y mujeres, reproduciendo desigualdades estructurales. A ello se suman las condiciones económicas y culturales que históricamente han colocado a las mujeres en una situación de desventaja. Estos factores configuran desde etapas tempranas los procesos de socialización y reproducción cultural, enmarcados en las dinámicas sociales propias del municipio de Cajolá, perteneciente al pueblo maya Mam.
A partir del análisis de las entrevistas y las experiencias compartidas por las participantes, se identifican a continuación diversas dimensiones exclusoras y transformadoras. Estas dimensiones permiten reconocer elementos que impulsan procesos de cuestionamiento a las formas tradicionales de convivencia, y que emergen desde espacios de diálogo colectivo. Dichos espacios han sido fundamentales para el fortalecimiento del empoderamiento femenino, facilitando el encuentro entre mujeres y promoviendo su participación activa en las organizaciones locales como agentes de cambio.
Siguiendo a Flecha, Vargas & Dávila (2004), definimos las dimensiones exclusoras: como las barreras que encuentran las personas o grupos para incluirse en una situación social o para adquirir un beneficio social”, sabiendo que estas barreras pueden ser impuestas externamente (como legislaciones, normas sociales, etc.) o pueden ser interiorizaciones de las mismas personas (como la creencia de no tener capacidades para hacer algo, no sentirse al nivel de las demás personas, etc.) (p. 29).
Se consideraron dimensiones exclusoras aquellas que reproducen la relación de poder inequitativas del modelo patriarcal, cultural y machista en la familia, la organización y la comunidad, generando desigualdad de oportunidades en los procesos de producción y reproducción del hábitat que repercute en la vida en general y que constituyen barreras para la implementación del eje de equidad de género, de etnia y social. Elementos que excluyen la participación de las mujeres en la mejora de sus condiciones de vida, a nivel local, municipal y su impacto a nivel nacional. Estas barreras se manifestarán tanto de forma externa a la organización como de forma interna.
Según Flecha, Vargas & Dávila (2004) “las dimensiones transformadoras, por su parte, se definen en función de los exclusores, y son por oposición, aquellos que permiten superar las barreras (externas e internas) que dificultan la inclusión igualitaria” (p.30). Son consideradas dimensiones transformadoras las concepciones positivas en torno al avance hacia la equidad de género, de etnia y social, las posibilidades
de educación para la equidad, así como las acciones concretas que para ello se realizan y contribuyen a la restitución de sus derechos integrales, siendo uno de ellos la vivienda y el hábitat.
En definitiva, los factores transformadores son todas aquellas ventanas de oportunidad identificadas por las mujeres para avanzar hacia la equidad de género y social en la sociedad en general y en los procesos de producción y reproducción del hábitat. Así lo manifiesta la siguiente entrevistada:
A partir del trabajo de investigación realizado en Cajolá, se identificaron diversas dimensiones exclusoras que configuran la experiencia cotidiana de las mujeres, así como procesos emergentes de transformación que revelan su capacidad de resiliencia, siendo estas:
Violencia Física, Psicológica y Económica. La violencia ejercida por padres, hermanos y esposos se manifiesta como un mecanismo de control hacia las mujeres. En varios hogares se han evidenciado violencia doméstica, donde las mujeres son maltratadas. Esta situación se agrava por la falta de apoyo familiar, ya que la violencia se normaliza y se justifica culpabilizando a la mujer. Las denuncias ante el Estado resultan poco efectivas, lo que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia.
Paternidades Irresponsables. Una de las causas del elevado número de hogares monoparentales es la ausencia de responsabilidad paterna. El 75% de las mujeres entrevistadas son jefas de hogar, asumiendo simultáneamente el rol de cuidadoras y proveedoras, lo que incrementa su carga emocional y económica.
Acceso Limitado a Tierra y Vivienda. Solo el 18.72 % de las mujeres en Cajolá son propietarias de tierra, lo que evidencia una profunda desigualdad en el acceso a recursos productivos. Esta brecha limita su autonomía económica y su capacidad para incidir en decisiones comunitarias.
Discriminación, Subordinación, Exclusión y Pobreza. Las oportunidades para las mujeres son escasas, lo que se traducen en altos niveles de analfabetismo: el 85% de las entrevistadas no asistieron a la escuela, el 10% cursó hasta tercer grado de primaria y apenas el 5% alcanzó educación diversificada. Estas cifras reflejan una estructura de desigualdad que se reproduce desde la infancia y se perpetua en la adultez.
Patrones de Crianza y Presión Sociocultural. Las normas sociales y culturales vigentes imponen limitantes que obstaculizan la solidaridad entre mujeres. En lugar de promover redes de apoyo, se reproducen relaciones de subordinación entre ellas mismas, lo que refuerza un círculo vicioso de exclusión frente al poder masculino y las estructuras locales y nacionales.
Resistencia al Cambio en las Relaciones de Género. En Cajolá persiste una marcada resistencia por parte de los hombres frente a transformaciones en las relaciones de género socialmente construidas. Estas resistencias se manifiestan en diversas formas: a) Incremento de embarazos precoces en niñas, lo cual refleja una falta de acceso a educación sexual integral y a servicios de salud reproductiva.
b) Limitación de la autonomía femenina, evidenciada en la necesidad de que las mujeres soliciten permiso para participar en actividades comunitarias, lo que restringe su capacidad de decisión. c) Efectos de programas asistencialistas y clientelares, que han promovido el individualismo y debilitado los lazos comunitarios, afectando especialmente a las mujeres. d) Sobrecarga de responsabilidades domésticas y escasa disponibilidad de tiempo, factores que obstaculizan su participación activa en espacios públicos y de toma de decisiones.
Las entrevistas realizadas revelan cómo las mujeres han comenzado a transformar su forma de sentir, pensar y actuar, a partir de diversas dimensiones:
La Organización como Espacio de Diálogo Liberador. El Grupo Asociativo se ha constituido en un espacio de autoayuda frente a la violencia basada en género. Atreverse a hablar y denunciar ha sido un primer paso fundamental. Estos espacios de diálogo han generado esperanza y han contribuido
a romper estereotipos que históricamente han mantenido a las mujeres excluidas y subordinadas.
Gestión Social del Hábitat con Rostro de Mujer. El acceso a una vivienda con certeza jurídica ha fortalecido la autoestima de las mujeres, quienes reconocen su capacidad para gestionar y construir, con el apoyo del colectivo y de sus familias. Asimismo, la proporción de mujeres con propiedad sobre la tierra en el municipio de Cajolá de 18.72% se incrementó a 19.35%. El Grupo Asociativo ha construido 25 nuevas viviendas con el sistema constructivo sismoresistente de adobe, cada una equipada con cocina de leña eficiente y baño lavable. Además, muchas mujeres han incrementado su participación en reuniones y procesos comunitarios.
Formación y Empoderamiento. Los procesos formativos han permitido a las mujeres conocer sus derechos, reflexionar sobre sus vivencias y cuestionar prácticas normalizadas dentro de sus familias. Aunque el cambio es paulatino, el rescate de elementos de la cultura maya han sido clave, al promover valores de justicia e igualdad. Esta reflexión ha facilitado la revisión crítica de creencias, actitudes y conductas trasmitidas generacionalmente, que han perpetuado desigualdades de género.
El balance de estas experiencias resalta la capacidad de resistencia y resiliencia de las mujeres, quienes han logrado abrir brecha frente a la desigualdad. Han encontrado caminos para avanzar, a pesar de los obstáculos sociales y culturales.
Las decisiones de participar en procesos organizativos, aunque tomadas con temor, han implicado enfrentar críticas familiares y comunitarias. Sin embargo, las mujeres han aprendido a sobrellevar y superar estas tensiones:
A través del Grupo Asociativo Autogestionario de Vivienda Mujeres Luchadoras de Cajolá, se ha impulsado una apuesta política por la Producción Social de Vivienda y Hábitat, que reivindica el derecho a una vivienda digna y a un entorno saludable. Este proceso se estructura en cinco fases que abarcan acciones antes, durante y después de la construcción, y promueve la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones y en la ejecución de las obras.
En la Producción Social de Vivienda y Hábitat, es determinante la primera fase: integración, formación básica y organización del grupo. Hacer una lectura crítica de la realidad y hacer consciencia sobre la propia capacidad de transformar esa realidad.
Durante las fases de planeación, producción y distribución, es necesario abrir espacios y dar tiempos
suficientes a la capacitación y fortalecimiento del grupo.
La fase de uso es estratégica por el valor que da a la convivencia y actividades económicas, sociales, culturales y recreativas. Efectivamente, la entrega de las llaves de la vivienda no es el fin, sino el principio; existen criterios cuya aplicación, durante las fases del proceso, determinarán lo que pasará después de la entrega de las llaves, en cuanto a la cohesión social activa y responsable del grupo en su hábitat nuevo y/o mejorado, así como el cuidado compartido del patrimonio colectivo.
La Estrategia de la Alianza. Una de las estrategias adoptadas por las mujeres, es la alianza con otros actores, dentro y fuera de la esfera doméstica, para llegar a los hombres y cambiar sus actitudes. Una de las mujeres expresa que algunas compañeras de la organización le han pedido que hable con sus
esposos o referente masculino de la familia, para que puedan participar o bien ir a alguna reunión o capacitación fuera de Cajolá.
El Diálogo de Las Mujeres con sus Padres. Algunas mujeres del grupo asociativo han logrado que sus padres o hermanos les hereden un pedazo de tierra4, para que puedan construir su vivienda con el apoyo del grupo, y de la organización IDESAC que acompaña en la asistencia técnica y apoyo financiero.
Formación y Organización. Algunas mujeres han debido encontrar la manera de cumplir con sus responsabilidades en el hogar y acordar días para dedicar a la organización y al trabajo. Winograd (1988) dice: “la reorganización de la vida cotidiana así experimentada, conjuga coordenadas que involucran la tríada ámbito-actividad-usuario en donde se forja la nueva subjetividad a través del desarrollo de mayores competencias reflexivas junto con la movilización de afectividades” (p.23). Experiencia integral que entrama la rezonificación cultural e incluye tendencias despatriarcalizadoras de las relaciones sociales. Se procesa la experiencia biográfica, se abren nuevas posibilidades de percepción y se enuncian nuevas narrativas en un proceso que involucra, como señalaba Liebre (1969) en su obra contradicción, deseo y razón.
Estas tendencias transformadoras, se despliegan junto con la incorporación de nuevas prácticas que resignifican el espacio vivido. Junto con la producción de su nueva materialidad habitacional, se adquieren competencias para actuar y disputar el derecho a la palabra y el saber de la escucha en la escena colectiva/ comunitaria y, desde ese ámbito intermediario, se interpela lo privado/familiar, la esfera pública y las identificaciones subjetivas de género (Rodríguez & Arqueros Mejica, 2020, p. 71).
“Hemos aprendido a gestionar nuestros proyectos, que se tomen en cuenta lo que las mujeres necesitamos en nuestra casa, en la comunidad” (López, comunicación personal, 4 de abril 2022). Las mujeres valoran el fruto de su esfuerzo, el conocimiento adquirido y la importancia de organizarse, en el trabajo colectivo, siendo un medio para resolver una situación que ellas solas no habrían logrado resolver.
El acceso a una vivienda les permite a las mujeres vivir dignamente junto a sus familias y aprovechar de manera integral los recursos de sus terrenos. Este logro fortalece su autoestima, dignidad y resiliencia. La certeza jurídica sobre la propiedad del terreno les brinda seguridad, no solo en términos patrimoniales, sino también en su capacidad para dar testimonio y defender el uso de técnicas constructivas con tierra, ya que conocen en profundidad el proceso y la calidad con la que fue edificada su vivienda.
Participación de la Niñez y la Juventud en la Gestión Social del Hábitat hacia el Buen Vivir. Para transformar las relaciones de poder construidas desde el machismo, los patrones de crianza tradicionales y los valores patriarcales, es fundamental incluir activamente a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en los procesos de gestión social del hábitat. Esta inclusión debe garantizar el respeto a sus derechos, especialmente el acceso a la educación, y reconocer su participación en el trabajo doméstico como una forma legítima de cuidado y corresponsabilidad. El trabajo doméstico, entendido como un trabajo de cuidado y producción, genera nuevas formas de relacionamiento social. Cuando se aborda desde una perspectiva de equidad de género, puede contribuir a la reproducción de patrones de crianza justos, con impactos positivos en la construcción de un hábitat inclusivo. Esta transformación fortalece el tejido social, promoviendo una convivencia diversa, plural y orientada hacia el buen vivir.
El enfoque del buen vivir recoge los principios de la economía feminista, especialmente aquellos que priorizan la sostenibilidad de la vida. Según Vega (2017) plantea que:
Para la construcción de su vivienda, las mujeres deben contar con la certeza jurídica sobre su terreno.
Este enfoque propone una configuración profunda del sistema económico y social, en la que el trabajo reproductivo y de cuidado – históricamente invisibilizado y feminizado- se situé en el centro de las prioridades colectivas. En este marco, la participación de la NNA en la gestión socia del hábitat no soles deseable, sino necesaria para construir comunidades más equitativas, resilientes y comprometidas con la sostenibilidad de la vida.
El aspecto de la tenencia de la tierra fue y es uno de los principales obstáculos para las mujeres, ya que culturalmente ellas no son sujetas de herencia; según explican, la tierra es heredada únicamente a los hijos hombres, algunos casos de mujeres del grupo dan cuenta de ello.
Un grupo de mujeres con conciencia fortalecida sostiene la organización e influye en otras. Buscan alianzas entre ellas, con hombres y organizaciones locales y regionales para avanzar en equidad de género. Es clave identificar aliados que respalden su participación activa y articular esfuerzos colectivos que consoliden procesos transformadores.
La limitada disponibilidad de oportunidades para las mujeres constituye un factor estructural que reproduce desigualdades profundas en los ámbitos económico, social y territorial. Esta condición se traduce en prácticas discriminatorias, relaciones de subordinación, exclusión sistemática y una mayor vulnerabilidad frente a la pobreza. Asimismo, estas dinámicas refuerzan escenarios de violencia de género, al consolidar estructuras de poder desiguales y restringir el acceso de las mujeres a mecanismos de protección, participación y justicia dentro del hábitat que habitan y gestionan.
Un reto identificado por las mujeres y más vigente que nunca, es lograr incidir en el Estado, patriarcal y machista, que ve las arcas del Estado como un botín y a sus instituciones gubernamentales como instrumentos operativos para hacer negocio y comprar voluntades, donde actualmente prevalece la mirada mercantil con respecto a la vivienda. Confirmando lo planteado por FODHAP (2019) en el Informe del observatorio de derecho humano a la vivienda, el cual afirma:
Este mismo sistema es el que ha permitido que la construcción de vivienda social se haya convertido en un negocio, en donde prevalece el interés económico, y no el social. Este enfoque deja de lado otras alternativas contempladas dentro de la ley de vivienda (Decreto 09-2012), que contribuirían a atender las necesidades y demandas de la población, a reducir el déficit habitacional y a mejorar la calidad de vida de las mujeres, por lo que alternativas como la Producción social del Vivienda y Hábitat pueden convertirse en un modelo de la restitución del derecho al acceso a vivienda como derecho humano.
La participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión en la organización comunitaria en el municipio de Cajolá para impulsar la gestión social del hábitat, es desigual con respecto a los hombres; ellas tienen una participación del 43 % en los 21 Consejos Comunitarios de Desarrollo que funcionan actualmente; de estas, el 10% en la dirección y un 24% con respecto a las comisiones de servicios de Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda. A pesar que las mujeres se encuentran subrepresentadas, al asumir estos espacios se generan capacidades y se fortalecen liderazgos, además, se crean condiciones para promover una cultura política inclusiva, respetuosa, participativa que valore las voces y la experiencia de las mujeres.
Para las mujeres la Producción y Gestión Social del Hábitat, reconocida en la Ley de Vivienda, Decreto 09-2012,como metodología participativa y estratégica privilegia la organización colectiva, fomenta la equidad de género promoviendo el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones en la construcción
del hábitat, que comprende no solamente a las características de la vivienda sino también a los factores inherentes a su entorno, siendo estos: ambientales, socioeconómicos, políticos y culturales. Un hábitat socialmente adecuado y ambientalmente sano propicia la vida colectiva y el ejercicio de la ciudadanía.
Las estrategias impulsadas por las mujeres Maya Mam en la gestión para el acceso a vivienda y un hábitat saludable han sido: la alianza con otros actores, dentro y fuera de la esfera doméstica para llegar a cambiar actitudes principalmente en los hombres y poder participar. El dialogo con los padres y hermanos, les permitió acceder a tierra a través de la herencia y poder construir su vivienda. La formación y organización, para poder participar han tenido que buscar formas que les permita cumplir con sus responsabilidades en el hogar, acordar días para dedicar a la organización y al trabajo, siendo un factor de cambios en sus vidas y estímulo para continuar trabajando no solo por ellas si no por otras mujeres. Participación de la niñez y juventud, que busca generar cambios en las relaciones de poder construidas desde nuevas formas de relacionamiento con equidad de género, aportando al fortalecimiento de un tejido social diverso y plural hacia el buen vivir.
Limitantes que afrontan las mujeres en la gestión social del hábitat: el acceso a la tierra, fue y es una de los principales obstáculos para las mujeres, en Cajolá las mujeres propietarias representan el 19.35%. Discriminación, subordinación, exclusión y situación de pobreza, de las entrevistadas el 85% no fueron a la escuela, no saben leer, ni escribir; el 10% cursó la primaria y solo el 5% posee educación diversificada. Violencia física, mental y económica, como mecanismo de control de padres, hermanos, esposos, hacia las mujeres. Paternidades Irresponsable, el 75% de las entrevistadas son quienes tienen la responsabilidad del cuidado y ser proveedora de su hogar. Incidir en un Estado Patriarcal y machista, donde actualmente prevalece la mirada mercantil con respecto al acceso a la vivienda.
La desvalorización del trabajo que desempeñan las mujeres en los tres ámbitos: reproductivo, productivo y comunitario, parte de causas estructurales, es producto del sistema patriarcal que cosifica a las mujeres; este se ha reproducido de diferentes maneras en las sociedades; la desigualdad de género garantiza la estabilidad y fortalecimiento y reproducción del actual sistema económico, político, social y cultural en la medida que no posibilita un acceso justo y humano al disfrute de la vida digna, ni la igualdad de oportunidades al desarrollo de capacidades y conocimientos.
A los grupos organizados a nivel local en Cajolá, se recomienda la incorporación de la perspectiva de género como una parte de los principios, misión y visión, el cual no centra su análisis únicamente en el problema de las mujeres, sino en las relaciones entre hombres y mujeres en situaciones concretas y específicas, lo cual permitirá contar con reflexiones que contribuyan a desarrollar relaciones de poder más equitativas.
A los Consejos Municipales, asumir la responsabilidad de dar cumplimiento a los artículos 21y 22 de la Ley de Vivienda, Decreto 09-2012, en el cual se estipulan que deben armonizar sus planes y programas de vivienda digna, su ordenamiento territorial, servicios y equipamiento municipales de acuerdo con las disposiciones contendidas en la Ley de Vivienda, en armonía con la autonomía municipal y de las disposiciones del Código Municipal.
A las entidades públicas concernientes, se recomienda generar campañas de información sobre el derecho al acceso a la vivienda digna, adecuada, saludable y con pertinencia cultural como derecho humano y demandar la implementación de programas de Producción Social de Hábitat con un financiamiento de acorde a la demanda social.
A entidades públicas así como a las instituciones académicas, profundizar en estudios sobre la concepción y práctica organizativa desde la cosmovisión del pueblo Maya, que permitan analizar, creencias, actitudes, valores, conductas o ideas que se hayan ido formando por costumbre, que han sido trasmitidos históricamente por generación y sus efectos en las condiciones de género y comunitarias actuales; además, rescatar elementos tales como el equilibrio, la armonía y la complementariedad que promuevan la justicia e igualdad entre hombres y mujeres, relacionados a otras formas de concebir la vida.